El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, junto a Andrés Esteban, asesor de menores y mayores de la Institución, ha entregado esta lunes al presidente de las Cortes, Javier Sada, su Informe sobre Menores correspondiente a 2020, en cumplimiento con la Ley de la infancia y la adolescencia en Aragón, aunque ha resaltado "su importancia más allá de dicha obligación formal, habida cuenta de la situación vivida por nuestros menores en el pasado año y en cierta medida en el presente".

El Informe Anual ya recogía muchas de las problemáticas analizadas por la Institución en el pasado ejercicio respecto a los niños, niñas y adolescentes aragoneses, como igualmente lo hicieron los informes sobre menores y juego, el de alarma sanitaria y escolarización, o el de centros de protección de menores, "un grupo de población que, por sus características, se ha visto muy afectados por la crisis, pero que en la mayor parte de los casos han quedado invisibles, sin que los focos en general hayan analizado sus vivencias y las consecuencias de estas".

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Los aragoneses más jóvenes no solo han visto restringidos sus movimientos, socialización y sus actividades escolares, extraescolares o deportivas, sino que "han sido un ejemplo" en muchos casos de adaptación, respeto y constancia en las nuevas situaciones en las que se han visto abocados. "La ciudadanía ha pedido más amparo al Justicia", ha recalcado Esteban. "Hablamos de acogimientos, adopciones, permisos de residencia..., especialmente en el tema de la discapacidad y la violencia intrafamiliar".

Los menores son "nuestros pequeños héroes" en la crisis pandémica, ha dicho el Justicia, cuyo objetivo en 2020 ha sido continuar con el compromiso con la infancia aragonesa, por lo que ha intentado "contribuir a dar visibilidad a sus problemáticas y también al cumplimiento de sus derechos" a través de los informes, por ejemplo, o en la tramitación de expedientes y las visitas a los centros de acogida residencial.

En el documento de refleja la situación completa de los niños, aportando datos básicos demográficos y sobre la vulnerabilidad infantil, en colaboración con el Instituto Aragonés de Estadística, "para que puedan ser tenidos en cuenta a la hora de adoptar medidas más ajustadas a sus necesidades y derechos". De hecho, el Informe refleja que en el año 2020 han aumentado las quejas en esta materia un 28%, cuando el año anterior habían disminuido un 25%, lo que denota la necesidad de acudir al amparo de esta Institución ante el desamparo o puertas cerradas de algunas administraciones durante el pasado año". Destacan aquí las vinculadas con la discapacidad intelectual y el covid-19, así como las referidas a situaciones de violencia intrafamiliar, relaciones familiares, medidas de protección, adopción, acogimiento y las relacionadas con el virus. 

En cuanto a los datos básicos de la infancia y adolescencia, continúa el descenso de natalidad en Aragón, que se ve compensada, no obstante, por el incremento de la población extranjera. Los menores de 18 años, a 1 de enero de 2020, eran 221.733, con un peso relativo del 16,7 sobre la población aragonesa. No evita esa bajada, sin embargo, que la tasa de pobreza relativa de 0 a 17 años se haya incrementado en Aragón en cuatro puntos, alcanzando en 2019 el 25,81%. Además, el porcentaje de niños y adolescentes que viven en hogares que no pueden permitirse gastos imprevistos ha subido hasta el 28,14%.

Por tanto, la situación de la vulnerabilidad infantil está aumentando en Aragón, con graves consecuencias en su desarrollo integral; "al tener un comportamiento acumulativo que incrementa la desigualdad y pone en riesgo de exclusión social a esta población, y más si se tiene en cuenta que son datos de 2019". Por lo tanto, ese era el estado de partida para afrontar 2020, año en el que los efectos de la pandemia sanitaria han profundizado estas brechas sociales.

Igualmente el hecho de que servicios básicos hayan estado cerrados temporalmente, por medidas de protección frente a la pandemia, o con funcionamiento telemático, ha incidido en la no detección de casos de maltrato de menores, que en algunos casos ha tenido graves consecuencias para los afectados. "Se pone de manifiesto en las estadísticas facilitadas por el Gobierno de Aragón, donde han sido atendidos un 14,5% menos, destacando el descenso de las notificaciones al registro de maltrato infantil, que ha disminuido en un 40% con relación al año anterior, y las diligencias previas del sistema de protección, que lo han hecho en un 38, 6%".

¿Quiere esto decir que ha descendido el maltrato? No. "Hemos desconectado las alarmas que avisaban del riesgo al suprimirse la intervención directa con los niños en servicios sociales municipales, colegios, centros de salud, centros de tiempo libre, o educadores de calle, lo que ha contribuido a invisibilizar situaciones de riesgo o posible maltrato. No podemos proteger a los niños si no los vemos, o si cuando aparecen es ya en las Urgencias de un hospital", ha explicado Esteban. "¿Cómo se detecta el maltrato? Normalmente por quien está próximo a él. Bien el pediatra, bien la profesora, bien en una charla sobre avisos... Pero al desactivarse esas alarma no se puede atender, no los podemos proteger".

En cuanto a los menores extranjeros no acompañados en Aragón, se aprecia un descenso importante en su llegada. Lo acredita la disminución, en un 57,5%, de las guardas provisionales ejercidas como primera medida de protección que se aplica por la administración a su llegada. Ha aumentado, sin embargo, el número de prórrogas a la mayoría de edad, relacionado con los que llegaron a Aragón hace dos años. Se han producido 151 altas en este programa en 2020, lo que supone un incremento del 48%, y en consonancia con ello ha estado la apertura de recursos habitacionales y de acompañamiento para ellos. "Aragón, en este sentido, difiere de otras comunidades, con un mayor esfuerzo integrador con estos jóvenes".

Por otro lado, continúan en una situación de discriminación los menores con discapacidad intelectual leve o moderada que, estando tutelados, al cumplir la mayoría de edad tienen que pasar obligatoriamente a una residencia de personas adultas, mientras otros jóvenes tutelados, sin presentar discapacidad, pueden acceder a una situación de prórroga por mayoría de edad. "Se realizó una sugerencia al respecto que no fue aceptada", han informado desde el Justiciazgo. 

Tras las visitas realizadas a los centros de acogida residencia de niños, un total de 27, que suponen el 85% de los existentes, "se valora el funcionamiento de estos en la mayoría de sus apartados y que están en coherencia con lo planteado en la normativa actual al respecto". Asímismo, se constata un descenso del 32% de menores atendidos en centros de observación y acogida, que han pasado de 423 en 2019 a 286 en 2020.

El informe también deja constancia de la situación de riesgo para jóvenes extutelados, con edades entre 18 y 22 años que no pueden acceder a la prestación del Ingreso Mínimo Vital y que debería incluirlos la Prestación Complementaria Aragonesa.

En conclusión, el Informe "no solo quiere dar cuenta de la actividad del Justiciazgo en la protección y defensa de nuestros menores, sino que desea ser una correcta fotografía de su situación actual, solicitando a las administraciones competentes que se establezcan las medidas necesarias para dar mayor visibilidad a los niños, niñas y adolescentes aragoneses, especialmente en situación de riesgo o vulnerabilidad, apoyando la oportunidad que supone la creación de la Comisión para la Pobreza Infantil dentro del Observatorio de la Desigualdad". "Solicitamos que se restablezcan los programas que contribuyen a normalizar su vida, y poniendo en marcha, si no lo están, los instrumentos que permiten realizar procesos de seguimiento y acompañamiento en los servicios, de tal forma que se puedan efectuar intervenciones de carácter social preventivo y evitar situaciones de riesgo o maltrato infantil".

De nuevo se solicita también desde el Justiciazgo que se potencien los protocolos de coordinación entre el Sistema de Atención a la Infancia y Adolescencia con el servicio de Salud Mental infanto-juvenil, para mejorar la atención a este sector que presenta estas problemáticas, que encuentras dificultades para acceder a los recursos y tratamientos necesarios., y que se han visto requeridos de manera exponencial en los últimos meses.

Asimismo, el Justicia entiende como "muy necesario" que se continúe con la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Modificación de la Ley de Infancia y Adolescencia de Aragón, 2/2002, de 2 de julio, "teniendo en cuenta, además, el Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, así como la reiterada petición de que dicha normativa reconozca y promueva al Justiciazgo como Defensoría del Menor de nuestra Comunidad".

Por último, y habida cuenta del próximo Informe Especial de la Institución, el Justicia entiende que la construcción de vivienda social contribuiría a dar una mayor cobertura habitacional a las familias con menores en riesgo de exclusión social.