España registró el año pasado 88.762 solicitudes de protección internacional, según datos del Ministerio del Interior, una reducción del 25% respecto a las 118.264 del 2019. La excepcionalidad de un año marcado por la pandemia rompía la tendencia al alza experimentada desde el 2016.

El covid-19 ha propiciado esa caída y «ha permitido que las odiosas listas de espera desaparecieran, siendo en la actualidad casi inmediata la cita en Policía para formalizarlas. Igualmente, el acceso al programa de acogida es ahora casi inmediato», señala Julia Ortega, responsable territorial de Accem en Aragón, una de las oenegés que lo gestionan.

Thank you for watching

«Lo difícil es llegar, pero, una vez aquí, la situación es mucho más ágil que antes de la pandemia», agrega. Y es que el cierre de fronteras ha supuesto un obstáculo aún mayor para las personas que deben abandonar sus países para proteger su vida o su integridad física. «Más atrapados que nunca en origen o en tránsito, la pandemia ha dificultado y agravado su situación», apunta Ortega. Además, la crisis económica «ha deteriorado enormemente las condiciones en las que sobreviven durante el tránsito».

Las organizaciones que, como Accem, trabajan en el ámbito de las migraciones, los refugiados y los derechos humanos, llevan años pidiendo vías legales y seguras para las personas que necesitan protección internacional. Ello reduciría sensiblemente el sufrimiento asociado a la dureza y la peligrosidad de las rutas migratorias. Pero los obstáculos obligan a las personas refugiadas y migrantes a tomar caminos cada vez más arriesgados. Desde África, la ruta migratoria atlántica hacia las Canarias y la del Mediterráneo central fueron las que provocaron más muertes y desapariciones en 2020.

«Las políticas de asilo deben ser comunes en toda Europa», reclama Ortega, pero esto «no puede ser el paraguas bajo el que nos escondamos para repeler nuestras responsabilidades. España es parte de esa frontera europea, y soberana para garantizar el acceso seguro a la misma». Según Accem, para hacer efectivas las vías seguras hay que multiplicar el número y procedencias de las personas acogidas a través del reasentamiento, aplicar la directiva europea de protección temporal en casos de emergencia humanitaria y flexibilizar los requisitos para la reagrupación familiar.

En el caso de España, también implicaría la posibilidad de solicitar asilo en las sedes diplomáticas. «Para ello, lo primero sería habilitar el acompañamiento consular a nuestras fronteras, previsto en la ley de asilo en sustitución a la antigua petición en embajadas, pero que necesita de articulación reglamentaria que lo haga posible». Ese reglamento está pendiente desde el año 2009, cuando el plazo marcado en la norma era de seis meses.

Así pues, la inmensa mayoría de las solicitudes de protección internacional en España (97%) se presentaron el año pasado en los lugares habilitados dentro del territorio nacional. Las presentadas en puesto fronterizo se redujeron en un 76% con respecto a 2019.

Por comunidades autónomas, Madrid recibió la mayoría de solicitudes, con el 38% del total (33.871), aunque en el 2019 fue del 47%. Detrás se situaron Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, que reunieron cada una el 10% de peticiones de protección presentadas en España en el 2020 (más de 9.000 en cada autonomía). Canarias acaparó el 4% de las demandas, con casi 4.000.

En Aragón, 2.763 personas solicitaron protección internacional, el 3,1% del total nacional, ligeramente por encima de lo que le correspondería en proporción al total de la población española (2,8%). Por provincias, 597 lo hicieron en Huesca, 2.060 en Zaragoza y 106 en Teruel.

En Aragón, 2.763 personas solicitaron protección internacional en 2020.

En Aragón, 2.763 personas solicitaron protección internacional en 2020. El Periódico.

Por quinto año consecutivo, Venezuela fue el principal país de origen de los solicitantes de protección internacional en España, con 28.365. De cerca le siguió Colombia, con 27.576 peticiones, solo un 6% menos que en 2019, a pesar de la pandemia. Entre los diez primeros países de origen hubo otros cinco latinoamericanos: Honduras, Perú, Nicaragua, El Salvador y Cuba.

En este top diez entraron también Mali, Ucrania y Marruecos, todos ellos por encima de mil. Siria, por primera vez desde que comenzó la guerra civil, no apareció en 2020 entre los diez primeros países de origen en las solicitudes, situándose en el puesto diecinueve, con 400 peticionarios.

España resolvió el año pasado un total de 124.848 solicitudes de protección internacional. Pero solo el 5% de los demandantes (5.760) obtuvo una resolución favorable, y se les concedió el estatuto de refugiado o la protección subsidiaria. Este magro porcentaje contrasta con el del conjunto de la Unión Europea, donde el 20% de las peticiones resultaron aceptadas.

«En España no hemos podido nunca alardear de esta generosidad institucional, y siempre nuestros números han estado muy por debajo de los países de nuestro entorno. Y no se trata de estrechez legal. La ley de asilo es buena, es cuestión de cómo se interpreta y de cómo se aplica», lamenta Ortega.

Las cifras se igualan con Europa en un 41% de resoluciones favorables, si se tienen en cuenta las 45.262 personas a las que les fue concedida en España la autorización de residencia por razones humanitarias. Constituyeron el 36 % de los casos resueltos en el país. Pero esta protección no es tan garantista como el estatuto de refugiado, que es irrevocable.

«La realidad de nuestro asilo es que España ha sido realmente parca en el reconocimiento de estatutos. La desigualdad en el porcentaje de reconocimientos entre los socios europeos ha provocado desequilibrios en la presión de las solicitudes, siendo los países nórdicos, Bélgica o Alemania los destinos elegidos por las personas que huían de sus países, sabiendo que allí sus peticiones tenían muchos más visos de prosperar», afirma la responsable de Accem en Aragón.

El 58% de las peticiones en España, y el 58% en la Unión Europea, fueron desfavorables a la concesión de cualquier figura de protección. Cabe destacar el importante aumento de casos resueltos por la Administración española, en uno u otro sentido, pues se incrementaron desde los 53.405 de 2019 a los 124.848 del 2020, un 134% más que el año anterior.