Las Migraciones en Aragón

08 de Septiembre 2021
La cifra es inferior a la que se produjo en 2019, cuando hubo 37 ilícitos penales. Sin embargo, a nivel nacional estas infracciones han aumentado en un 40%



Con 22 víctimas en total, tres de ellos contra la orientación sexual, los delitos de odio denunciados tuvieron una incidencia baja en Aragón en el año 2020, el último del que existen datos, facilitados por el Ministerio del Interior en su Informe sobre la evolución de delitos de odio en España, de carácter anual. Se trata de una cifra inferior a la registrada en 2019, cuando en la comunidad 37 personas fueron objeto de algún tipo de agresión (verbal o física) por motivos de raza, religión, ideología, género e identidad sexual.

En ambos casos, son cifras que no reflejan la realidad y que tampoco sirven para darse cuenta de la magnitud de un problema que ha cobrado visibilidad este verano en toda España a raíz de varias agresiones homófobas en diferentes ciudades como Valencia o Toledo que handado lugar a movilizaciones de colectivos vulnerables en razón de su opción sexual.

De hecho, según el Informe de la encuesta sobre delitos de odio, publicado en junio de este mismo año, más del 80% de este tipo de ilícitos penales, en cualquiera de sus variantes, no llega a conocimiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Ello explica que los delitos de odio conocidos por cada 100.000 habitantes (25 en el pasado ejercicio) sea en la comunidad aragonesa de 1,9, uno de los porcentajes más bajos del país, solo por encima de La Rioja (1,3), Galicia (1,7) y Andalucía (1,8).

El listado, de valor exclusivamente orientativo, lo encabezan la ciudad autónoma de Melilla (11,5 casos por cada 100.000 habitantes), el País Vasco (10,0) y Navarra (7,7).

De los 25 asuntos contabilizados en 2020 en Aragón, 2 fueron contra personas con discapacidad, 3 contra la orientación sexual o la identidad de género, 9 por racismo y xenofobia, 5 por razones ideológicas, uno por discriminación en razón del sexo o el género, uno por discriminación generacional y uno, finalmente, por discriminación en razón de la enfermedad.

No hubo, sin embargo, en esos 12 meses, ningún caso de antisemitismo, de aporofobia u odio a los pobres ni por las creencias o prácticas religiosas.

Los datos del 2020 se atienen a la media histórica en Aragón, dado que este tipo de delito es objeto de seguimiento desde el 2014, cuando empezó a encontrar un acomodo concreto en el Código Penal. Así, se sabe que se producen en torno a 25 hechos de odio anualmente en la comunidad, con vertiente penal, mientras que hay asimismo entre 5 y 10 infracciones administrativas por la misma causa.

«Lo cierto es que la cifra sumergida de delitos de odio es muy grande», subraya una portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Aragón que, en su calidad de delegada de Participación Ciudadana, ha intervenido en la atención a este tipo de casos. «Por miedo, por vergüenza o por desconfianza hacia las instituciones muchas personas no dan a conocer el problema que sufren», explica.

De ahí que los cuerpos y fuerzas de seguridad, a nivel europeo, dediquen un gran esfuerzo a que «salga a la luz el mayor número posible de situaciones de odio», según la misma portavoz.

Mejoras la convivencia

Los colectivos que asisten a colectivos vulnerables, desde inmigrantes a personas sin hogar que viven en la pobreza, pasando por miembros del colectivo LGTBI, sostienen que no solo se ve la punta del iceberg del problema, sino que, además, las estadísticas ni siquiera han reflejado que en los últimos ocho años se ha producido un aumento del 40% de los hechos delictivos motivados por el odio.

El problema no es nuevo, pero sí su enfoque policial y judicial, por lo que «se está haciendo un gran esfuerzo para formar a agentes especializados», señala la portavoz de la Jefatura de Aragón. Pero además de saber abordar cada caso «también es preciso tratar de forma muy sensible a las víctimas, pues los delitos de odio afectan a la dignidad de los colectivos sociales más vulnerables», añade.

Por ello, indica la misma fuente, el esfuerzo formativo debe empezar en la misma escuela. Y, de hecho, existe desde hace unos 15 años un plan especial que se lleva a los centros de enseñanza con el fin de mejorar la convivencia y la seguridad.



Fuente: El Periódico de Aragón
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