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25 de Octubre 2021
Las ONG alertan de un "colapso" de peticiones tras la reforma para dar papeles a los menores inmigrantes



El viaje en patera que trajo a Mohamed a España en el verano de 2016 comenzó mucho antes de echarse al mar en plena madrugada. La planificación fue muy intensa y pasó casi un año hasta que dio a aquel hombre que le esperaba en la orilla los 450 euros que su familia había ahorrado. De la travesía recuerda el frío, el ruido de las olas y la oscuridad. Eso y que ninguno llevaba salvavidas.

Mohamed, músico en Argelia, alcanzó la costa de Cartagena con 17 años recién cumplidos. Tras ser interceptado, le trasladaron al centro de recepción de menores de Alicante, donde su inteligencia llamó la atención de los educadores. Eran conscientes de que el reloj corría en contra porque el chico no tardaría en cumplir la mayoría de edad y quedaría, entonces, fuera del sistema de protección.

Mohamed saldría de allí con tarjeta de residencia pero sin permiso de trabajo, que era igual a nada, porque para renovar la primera las exigencias pasaban por demostrar unos ingresos de 2.000 euros. Una quimera. Casos como el suyo se contabilizan miles en España y son los que han motivado la reforma de la Ley de Extranjería que el Gobierno anunció hace unos días y que va a facilitar los papeles a ex tutelados al cumplir la mayoría de edad. La medida afectará a 8.000 menores, conocidos como menas, y a 7.000 jóvenes de 18 a 23 años. El cambio pretende favorecer la integración y evitar casos como el de Mohamed y otros tantos migrantes que no encontraron encaje en su transición a la vida adulta.

La revisión de la normativa allanará también el acceso al mundo laboral de los menores extranjeros no acompañados porque cuando abandonen los centros lo harán también con permiso de trabajo, algo con lo que no contó Mohamed. En su caso, en el momento en el que dejó de estar bajo el paraguas de la Administración, la falta de plazas en pisos tutelados le llevó a vivir durante tres meses en un albergue municipal abocándole a la exclusión que ahora el Ministerio de Migraciones aspira a evitar.

Sin embargo, ¿es esta reforma del Reglamento de Extranjería la solución a un problema que se ha cronificado? ¿Puede traducirse en un efecto llamada o por fin regula una situación que ha atrapado a miles de menores durante años condenándoles a instalarse en los márgenes de la legalidad? El abanico de opiniones es extenso y heterogéneo. Incluso entre sus defensores hay reservas.

En la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado son favorables a la reforma, pero escépticos en su aplicación. «Estamos de acuerdo en que es un paso imprescindible, pero para tramitarlo hacen falta documentos y esos documentos se tienen que remitir desde consulados y embajadas de países de origen. Algunos lo ponen fácil y otros, imposible», razona su presidente, Rafael Escudero.

Avisan de que puede haber reticencias porque «muchos no confían en el sistema»

Además, apunta a otro posible problema relacionado con la falta de medios ante la avalancha de trámites que aventura. «¿Se va a reforzar el personal de las delegaciones del Gobierno, que son las que tienen que tramitar toda la documentación? Aunque los papeles de residencia y trabajo se den de oficio, no significa que haya medios. Desde luego, para poner en marcha esta reforma es necesario un importante despliegue de recursos económicos para evitar el colapso de las comunidades autónomas. Hay que reforzar las entidades que se encargarán de estos trámites», alerta Escudero.

También echa en falta la ausencia de contactos por parte del Ejecutivo con las ONG para perfilar una reforma que estos colectivos llevan reclamando años y se detiene en el desencanto que los jóvenes han interiorizado. «¿Dónde quedan las ayudas a las ONG que les acompañamos? Muchos quedan en la indigencia. Hay situaciones de exclusión severa. Muchos de ellos ya no confían en el sistema y dudamos que se vayan a arreglar las cosas a esos 7.000 de los que habla el Gobierno de forma mágica», destaca.

Vida laboral

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, se aproximó a la reforma desde la teoría y la celebró porque, a su juicio, evitará que los menores migrantes queden apartados del sistema como ahora. «Espero que los niños y niñas tutelados, cuando cumplan los 18 años, puedan formarse e integrase en la vida laboral». En el lado contrario se sitúa Vox, que no da cabida al cambio. Según el partido, va a generar un «efecto llamada».

Para Mohamed, esta reforma supone «un gran avance». «Evita que caigamos en la ilegalidad, como me pasó a mí. Tenía tarjeta de residencia pero no permiso de trabajo, así que a los dos años me quedé sin papeles. La residencia había caducado y me pedían que trabajara para renovarla», relata en conversación telefónica desde Francia, donde se fue buscando empleo. «Crucé el mar para encontrar un futuro que en mi país no tenía», sentencia. A la pregunta sobre si la reforma de la normativa servirá para atraer más inmigrantes es tajante: «Claro que no. Van a seguir viniendo porque en nuestros países nos llega la idea de que hay muchas oportunidades. Está bien que haya garantías. Me habría gustado acogerme al cambio».



Fuente: El Mundo
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