Las Migraciones en Aragón

19 de Diciembre 2021
Las entidades sociales alertan de las carencias de la renta básica



El Ingreso Mínimo Vital (IMV) era una de las grandes esperanzas para luchar contra la vulnerabilidad en todo el país. Una renta básica que organizaciones sociales como Cruz Roja o Cáritas llevaban «mucho tiempo esperando». Sin embargo, su aplicación y la de las prestaciones complementarias en Aragón está generando dudas y estas mismas entidades, así como el Colegio de Trabajadores Sociales, denuncian que hay perfiles que «se quedan fuera» de las ayudas a pesar de encontrarse en una grave situación. Por eso reclaman al Gobierno de Aragón que introduzca cambios para llegar a más perfiles y agilizar el procedimiento para solicitar las ayudas.

Según fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón, en la comunidad autónoma hay un total de 22.400 beneficiarios del IMV, de los cuales 8.854 son menores. Por provincias, hay 18.079 en Zaragoza; 2.387 en Huesca y 1.934 en Teruel. El Gobierno de Aragón todavía no ha aportado datos sobre los usuarios de la Prestación Aragonesa Complementaria al IMV, que lleva un mes y medio en marcha. En relación con los complementos al IMV, sí informaron de que en toda la comunidad autónoma se han recibido un total de 835 solicitudes.

El Colegio de Trabajadores Sociales de Aragón denuncia que ni el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ni los complementos económicos aprobados por el Gobierno de Aragón están «cumpliendo su función» porque los requisitos dejan fuera a muchas personas en situación de vulnerabilidad, sobre todo en casos excepcionales.

Reparto de comida en el Comedor del Carmen, este viernes en Zaragoza.

Reparto de comida en el Comedor del Carmen, este viernes en Zaragoza. ANDREEA VORNICU

Según explican, uno de los principales problemas de la prestación económica complementaria al IMV es que no tiene en cuenta «el año en curso», es decir, los ingresos del presente, sino los del ejercicio anterior. «Esto está provocando que muchas personas no puedan acceder a esta ayuda. La DGA no prevé las situaciones sobrevenidas», aseguran desde el colectivo.

Se refieren a los nuevos parados, a las personas que en 2019 y 2020 disfrutaban de una vida «más o menos estable» pero que han perdido su empleo y, sin ahorros ni ingresos tienen serios problemas para seguir adelante. O a las colas del hambre, con más gente cada mes.

Como ya alertaron antes de que el Ejecutivo aragonés aprobase el reglamento, los servicios sociales de la DGA exigen prácticamente los mismos requisitos económicos para el IMV que el complemento, «de manera que si te deniegan la ayuda principal, también el apoyo económico autonómico. Esto no tiene ningún sentido», aseguran desde el Colegio de Trabajadores Sociales, que va a solicitar formalmente al Ejecutivo de Lambán que reformule la ayuda complementaria. Consideran que deja fuera, entre otros colectivos, a las unidades familiares que tienen a un miembro en situación irregular; a las familias con vinculación relacional homóloga a parejas de hecho o casadas; y a las personas sin hogar.

También exigen que el interesado en la ayuda haya estado dado de alta en la Seguridad Social durante nueve meses «algo que no es sencillo teniendo en cuenta el mercado laboral», matizan, o que tenga un contrato de alquiler. En este caso también denuncian que se exige el arriendo de una vivienda completa, no de una única habitación, por lo que muchas personas son excluidas al no tener la capacidad económica suficiente como para alquilar un piso.

Un listado de casos denegados

«No es normal que estos perfiles se queden fuera», insisten. Por ello piden que se amplíen las condiciones definidas tanto para acceder al IMV como a las prestaciones complementarias, las que la DGA aprobó para llegar donde no lo hacía el Gobierno de España. «La realidad que nos encontramos es que muchas de estas familias salen adelante, como pueden, gracias a las ayudas de urgente necesidad de los ayuntamientos, pero esta no es la solución. El IMV se aprobó para algo, por eso queremos que se adecúe a las situaciones reales», explican los trabajadores sociales, que están recabando perfiles de solicitantes a los que se les ha denegado la ayuda.

«Queremos que la DGA conozca los casos, las familias que no reciben su apoyo y los motivos que se esgrimen para rechazar la prestación», explican. Lo que pretenden es que el Ejecutivo aragonés revise el reglamento y flexibilicen los requisitos que debe cumplir una persona en situación de vulnerabilidad.

Colectivos como las trabajadoras sociales, Cruz Roja y Cáritas también piden que se agilice y simplifique la tramitación. El proceso es «muy farragoso» y los usuarios «pierden» mucho tiempo hasta que completan toda la documentación. En el caso del complemento económico, son los Servicios Sociales los que se encargan del proceso, pero es la DGA la que analiza el expediente y autoriza las ayudas. La prestación complementaria se tramita directamente en la administración autonómica.

Susana Royo, subdirectora de Inclusión Social de Cruz Roja Zaragoza, manifestó su esperanza en que «todos los usuarios del Ingreso Aragonés de Inserción pasen a cobrar el IMV o la PACIMV, pero tenemos la certeza por ahora». Para Royo, «es pronto» para decir si el modelo «funciona o no», ya que en sus oficinas ha conocido casos que se han aceptado, y otros que no. «Solo esperamos que las personas que siguen en el IAI (que aunque ya no existe, se prorrogó por la DGA) lo mantengan en enero, porque a estas personas también se les tiene que dar salida», reclama.

Jesús Luesma, secretario técnico de Cáritas Aragón, asegura que el IMV llega a «menos personas» de lo que lo hacía el IAI. «En general, hay una pérdida de prestación de derechos. El principal problema es que el IAI cubría escalas de vulnerabilidad más bajas de las que cubre el IMV o la prestación aragonesa», manifiesta. Otra de las críticas está relacionada con la brecha digital. «Tenemos usuarios que han tardado más de una hora y media en completar el proceso», señala.

Ambas entidades reconocen, no obstante, que la prestación lleva poco tiempo en marcha, pero demandan que se ajuste a las «necesidades reales» en Aragón.

Fuentes del Departamento de Ciudadanía, el área que gestiona la prestación aragonesa y los complementos a esta ayuda, insistieron en que los requisitos de acceso a esta ayuda se podrán revisar en un futuro, «cuando se disponga de un análisis de la casuística» y de los perfiles que quedan fuera. Además, señalaron que los complementos aragoneses estarán «sujetos a cambios» por los cambios que se pueden introducir en el IMV.

Tres prestaciones para hacer frente a la vulnerabilidad en Aragón

PRESTACIÓN ARAGONESA COMPLEMENTARIA AL IMV (PACIMV).

El llamado PACIMV, es la prestación impulsada por el Gobierno de Aragón y tramitada como ley que pretende cubrir algunos de los perfiles a los que no llega el Ingreso Mínimo Vital, que depende del Estado.

La prestación está considerada un «derecho» y, como tal, está dotada de cuantías ampliables en el presupuesto de la comunidad autónoma. Respecto a las cuantías que se fijan para la PACIMV, estas oscilan entre un máximo de 522 euros mensuales para un adulto solo (6.264 anuales) y los 1.148 mensuales para dos adultos y tres menores (13.780,80 euros anuales). Las cuantías se calculan no solo en función de la unidad de convivencia, sino también de la situación económica, tal como hace el IMV y con sus mismos criterios. Esta es una de las cuestiones que denuncian las entidades sociales.

COMPLEMENTO AL IMV.

Se tramita electrónicamente, lo que puede generar problemas por la «brecha digital» de las personas en situación de vulnerabilidad. Su objetivo es «complementar» las cuantías que perciben los usuarios del IMV hasta la cantidad que reciben los usuarios de la PACIMV en la misma situación. En el caso de una persona sola se le complementará con 52,06 euros mensuales, 624,80 anuales. En el caso de dos adultos y tres menores se llegará a complementar su IMV con 1.374,5 euros al año.



Fuente: El Periódico de Aragón
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